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El sabio tiene como patria el mundo. (Séneca)

 
Iglesia y Estado III: La Rosa y la Cruz Imprimir E-Mail
escrito por Victoria López Barahona   



El 27 de noviembre de 1975, días después de la muerte de Franco, tenía lugar en la madrileña iglesia de Los Jerónimos la ceremonia de coronación de Juan Carlos I como rey de España oficiada por el cardenal Tarancón. En la homilía, que había sido redactada por este junto a los teólogos Rouco Varela, Olegario González de Cardenal y Fernando Sebastián, se afirmaba que “la fe cristiana no es una ideología política ni puede ser identificada con ninguna de ellas”. Eran tiempos en los que, muerto el dictador, la Iglesia pugnaba por desprenderse de sus adherencias franquistas a través de un movimiento renovador cuya cabeza visible era el propio Tarancón, contra quien, bajo la proclama de “¡Tarancón al paredón!” se habían levantado las iras de los añorantes del viejo régimen.


La corriente renovadora, que favorecía las aspiraciones del propio monarca designado por Franco, preparaba así el camino para un futuro que habría de estar ya desligado, formalmente, de las estructuras estatales y centrado exclusivamente en la misión pastoral; una misión para la cual –aseguraba el cardenal al nuevo jefe del Estado- “la Iglesia no pide ningún tipo de privilegio; pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos; pide el derecho a predicar el Evangelio entero ...”.1 


Quizás la Iglesia no imaginaba entonces que esa libertad y ese derecho a expresarse seguirían siendo prácticamente privativos de ella, pues una de las manifestaciones del trato privilegiado que los gobiernos democráticos le han otorgado es la extraordinaria difusión mediática puesta a su servicio. Por supuesto que ni en la radio ni en la televisión públicas hay ya programas de contenido pastoral a cargo de sacerdotes, como los había durante la dictadura; pero nadie en su sano juicio puede negar que las aventuras y desventuras del Papa de Roma tienen una amplia cobertura –la televisión del gobierno incluso retransmite la misa de Navidad-, lo mismo que las ceremonias católicas a las que asiste la Casa Real y los cargos gubernamentales en representación pública, o las noticias sobre los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Española, con una cuota televisivo-radiofónica que para sí quisieran muchas organizaciones no gubernamentales que no cuentan, como la Iglesia española, con grandes medios de difusión propios financiados en buena medida con dinero público.


Para la Iglesia española, sin embargo, todo esto no es suficiente. En diciembre de 2002 se daba a conocer un informe titulado La Iglesia en España, 1950-2000, coincidiendo con la publicación de los resultados de una encuesta del CIS a 10.000 españoles, en la que se constataba que un 46 por ciento de quienes se declaraban católicos casi nunca iban a misa. Pues bien, los autores del informe referido achacaban este descenso de la práctica católica a la “escasa presencia de la Iglesia y/o los católicos en las instituciones de la cultura, en la vida sociopolítica y sindical y en los grandes medios de comunicación social” (cardenal Rouco Varela) así como a la “incomprensión y torpeza de ciertas reacciones laicistas del socialismo” (Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona). Según Olegario González de Cardenal, “en España pasamos en un momento de la ostentación pública al repliegue de la proclamación sonora de lo católico ...”. Es decir, según estos autores, los mismos que redactaran la homilía de la misa de coronación en la que se pedía igual libertad y derecho para la Iglesia católica que para los demás agentes sociales, la Iglesia española está ninguneada por los poderes públicos, relegada a un tercer plano de la vida social y poco menos que perseguida.2 


La realidad que ellos conocen pero niegan por interés demuestra lo contrario. Durante estas tres décadas de democracia, no solo los medios públicos sino también los medios privados afines a los partidos que se han alternado en el gobierno han sido pródigos en prestar sus tribunas a representantes de la Iglesia católica, tanto civiles como eclesiásticos. El diario El País, por poner un ejemplo significativo, rara vez ha dado oportunidad de expresión a las ideas de otras religiones o de la corriente agnóstica y atea; pero en numerosas ocasiones ha publicado artículos de teólogos y pensadores católicos de distinto signo, eso sí, para salvaguardar la presunta imparcialidad. Conservadores unos, como Olegario González de Cardenal, progresistas otros, como Juan José Tamayo o Miret Magdalena, se han alternado en sus tribunas de opinión. Porque, en el seno de la Iglesia católica, un amplio abanico de corrientes tienen cabida: desde el fanatismo fundamentalista de los neocatecumenales o el Opus Dei –afiliados a la extrema derecha- a la herejía de la teología de la liberación, representada por figuras como Leonardo Boff o el asesinado Ignacio Ellacuría -cercana a la tradición marxista-. La naturaleza híbrida del mensaje evangélico, como afirma Gonzalo Puente Ojea, le permite esta versatilidad y esta ambigüedad en las que radica la clave de su hegemonía histórica.3 


En esta ambigüedad ideológica se enmascaran quienes desde la cúpula del PSOE trabajan para alimentar el confesionalismo fáctico del actual Estado español, es decir: para seguir abonando los privilegios de su Iglesia. No nos referimos a la corriente Cristianos por el Socialismo4 ni a los militantes católicos o de otras confesiones que defienden el laicismo; nos referimos a figuras individuales entre las que destaca, sin duda, por su prepotencia e incoherencia, la de José Bono, a quien no le preocupa, como ya citábamos en otro lugar, “la presencia pública de la Iglesia a la que pertenece”. En el verano de 1998, siendo todavía presidente de Castilla-La Mancha, publicaba un artículo titulado Religión y Socialismo. En él tomaba el ejemplo de clérigos adscritos a la teología de la liberación para hilvanar una suerte de reflexión sobre la presunta afinidad entre el “sentimiento religioso” y el socialismo en el mundo actual. Una huera argumentación le servía para concluir que “a estas alturas del siglo no se puede mantener que la religión es un cuento”. Una segunda conclusión, que “la ética de Jesús es la mejor guía para ayudar al socialismo a conseguir un mundo mejor, la apoyaba en errores de bulto como el de considerar que la ética solo pertenece al orden religioso. Y, por fin, la exhortación “perdamos el miedo a despojarnos de las viejas identidades” y la confesión de que él se siente más identificado con los teólogos de la liberación que con los “ortodoxos marxistas” ponen el broche de la advertencia final: “No necesitamos ni crédulos visionarios ni militantes descreídos”.5


Para disfrazar las falacias que encierra su argumentación, Bono recurre al manido juego metonímico de tomar a la parte por el todo y, de este modo, no hablar expresamente de “catolicismo” sino de “religión” o de “cristianismo”. Además, escamotea varias evidencias incuestionables. Primero: los teólogos de la liberación son totalmente marginales en el edificio de poder de la Iglesia católica. Segundo: tanto los privilegios de la Iglesia española, ratificados en los Acuerdos antidemocráticos de 1979, como las prácticas confesionales –y anticonstitucionales- del Estado español no redundan precisamente en el beneficio de los teólogos de la liberación o los cristianos de base, de quienes Bono afirma sentirse más cercano, sino en los “crédulos visionarios” que componen la Conferencia Episcopal y sus epígonos integristas. El ya referido González de Cardenal, el teólogo preferido de los obispos, y no el progresista Juan José Tamayo, fue el elegido en 1995 por el ministro socialista Suárez Pertierra para elaborar el programa Sociedad, Cultura, Religión. Tercero: la práctica de Bono como cargo público desmiente totalmente su presunta adscripción a la teología de la liberación para revelar su vocación nacionalcatolicista de “crédulo visionario”. Recordemos que, nombrado ministro de Defensa en 2004, no solo defendió la presencia del ejército en las procesiones de Semana Santa, sino que viajó personalmente hasta Rusia, con el dinero público, para devolverle al Patriarca ortodoxo un icono de la Virgen que los voluntarios españoles de la División Azul, enviados por Franco para apoyar al fascismo, se habían traído de aquellas tierras durante la II Guerra Mundial.6 Meses antes, en julio de 2003, recién reelegido presidente de Castilla-La Mancha, Bono volvía a recordarnos que “para ser solidario no hace falta sacar los estandartes apolillados de las viejas consignas del siglo XIX que a pocos convencen y que sugieren un dogmatismo que a estas alturas no es aceptable”.7 No se refería a los estandartes apolillados ni a los dogmatismos que tanto en el siglo XIX como en el XX había desplegado la jerarquía católica –en España, en Chile, en Argentina y en tantas otras naciones- para exaltar a los reyes y caudillos que oprimían a los pueblos, sino a los de las organizaciones de que estos se dotaron para liberarse de dicha opresión, sin las que el partido de Bono no podría seguir llamándose hoy, impropiamente, PSOE.


Aun con toda su gárrula arrogancia, Bono no es el único responsable de que el PSOE continúe en el siglo XXI elevando, de hecho, al catolicismo al rango de religión del Estado. El 12 de octubre de 2003, el alcalde socialista de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, que se define creyente pero no católico, reconocía en otra entrevista que había sido él mismo quien le había concedido la medalla de oro de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, que Franco nombrara en su día capitana general de los ejércitos, porque, en su opinión, “es un elemento de identidad absoluto: el Pilar y el Ebro son las dos cosas sagradas”.8 Creyentes difusos que no se definen católicos pero defienden sus símbolos, sobre todo si son rentables política y económicamente, no faltan en las filas dirigentes del PSOE, aunque este partido aloja asimismo a católicos como Ramón Jáuregui, que recientemente se ha pronunciado en contra de eliminar los crucifijos en las ceremonias de juramento de los cargos públicos, y a otros de nítido perfil integrista que podrían perfectamente militar en los Legionarios de Cristo, como Francisco Vázquez, ex-alcalde de La Coruña, responsable, junto a Felipe González, de que en febrero de 1998 el Congreso rechazara la reforma de la ley del aborto, como vimos en otro lugar.9 Hoy Vázquez es el embajador de España en el Vaticano, nombrado por el talante de Zapatero en febrero de 2006, y su poder fáctico en el partido no debe de ser menudo pues incluso se atreve abierta e impunemente a sugerirle que “debería pedir perdón por la persecución a la Iglesia durante la Guerra Civil. Por supuesto, en el PSOE hay católicos y cristianos de otras confesiones, de buena fe, que abogan por el laicismo al igual que los agnósticos y ateos, pues entienden que solo un Estado laico puede garantizar la verdadera pluralidad en la esfera pública, la libertad de expresión, de conciencia y de opinión iguales para todos; pero, lamentablemente, estos no constituyen a día de hoy un grupo de presión de fuerza equiparable al confesional-católico.


En la campaña electoral de 2004, el PSOE instaló el circo mediático de un supuesto antagonismo con la Conferencia Episcopal para arañar votos de la izquierda. Pero poco después de su victoria, Rafael Sanus Abad, obispo auxiliar emérito de Valencia, se congratulaba del feliz matrimonio de la La Rosa y la Cruz en un artículo con este título publicado en El País. La jerarquía eclesiástica ya podía expresar libremente, sin obstáculos electoralistas, la alegría de comprobar cómo a pesar de que solo un escaso 30 por ciento de católicos son practicantes y se acuerdan de su Iglesia cuando hacen la declaración de la renta, el 90 por ciento de los españoles, según el obispo, siguen confesándose católicos y practican un “catolicismo laico” o un “laicismo católico”. El orden de los factores no altera el producto deseado, que consiste en que esta multitud contribuye inconscientemente a reproducir el poder despótico de la Iglesia católica permitiendo que siga controlando los momentos cruciales del ciclo vital, lo que los antropólogos llaman ritos de paso: el nacimiento, a través del bautismo, el matrimonio, a través de la boda eclesiástica, el tránsito a la edad adulta a través de las comuniones y confirmaciones, y la muerte, a través de los funerales. Lo importante para la jerarquía eclesiástica es que estas personas apuntan a sus hijos a la clase de religión en los colegios públicos, como hace el presidente Zapatero, según él mismo declarara en la COPE días después de su victoria electoral; lo importante es que la gente esté convencida de que el apóstol Santiago estuvo en Galicia y que se apareció a la Virgen del Pilar, como afirmaba Juan Alberto Belloch en la entrevista más arriba citada, ya que esto, de paso, engrasa toda una rentable industria del atontamiento. Lo de menos es que muchos de estos “católicos laicos” ni siquiera se hayan planteado la naturaleza de su fe y se definan católicos igual que pueden definirse seguidores de un club de fútbol; que no observen en su vida diaria los mandamientos de la Ley de Dios ni de la Santa Madre Iglesia, que incluso desconozcan el catecismo y los textos sagrados -lo que evita reflexiones y preguntas inconvenientes- y que no marquen la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, pues para eso está el Estado “aconfesional, gracias a Dios”.10 


En este artículo, el obispo emérito de Valencia nos ofrece un ejemplo preclaro de la “religiosidad anti-intelectualista”, en palabras de Puente Ojea, que mediatiza la Iglesia católica y que activa a través de “un repertorio inagotable de símbolos y doctrinas ad hoc sin rigor lógico, pero que le confieren una inmensa versatilidad operativa y plasticidad ideológica en cada momento histórico y en cada contexto social. Es una religión pragmática y oportunista que asume estos rasgos incluso a veces de modo inconsciente, como una segunda naturaleza”.11 Los dirigentes del PSOE son discípulos avanzados en este arte del pragmatismo y el oportunismo. Durante la última pre-campaña electoral, volvieron a saltar a primer plano mediático los supuestos desencuentros con la Conferencia Episcopal a raíz del acto del 31 de siembre de 2007 en el que los obispos arremetieron contra el gobierno del PSOE culpándole de la “disolución de la familia” por la ley de matrimonios homosexuales y los divorcios express. Un día después de que el PSOE contestara con el comunicado titulado Las cosas en su sitio, el grupo Cristianos Socialistas, por voz de su coordinador, Carlos García Andoain, invitaba a los católicos discrepantes a “tomar posición” y declaraba que “la mayoría de los católicos, incluidos presbíteros, religiosos, laicos y parte de los obispos no comparten el espíritu de un acto realizado bajo el sesgo sectario y fundamentalista de algunos movimientos católicos”. No lo dudamos, pero, hay que recordar que el máximo jefe de la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI, sí compartió dicho espíritu ya que envió un mensaje de apoyo a los participantes. Las bases del partido exigieron a Zapatero “poner a los obispos en su sitio”. Su corriente interna pro-laicista, encabezada por figuras como Álvaro Cuesta y Victoriano Mayoral, volvió a demandar la completa separación de Iglesia y Estado, empezando por la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede; pero la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se apresuró a confirmar que no se produciría tal revisión. El entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido –que utilizara en su día a Izquierda Unida como trampolín para su brillante medro en el PSOE- respondía a quienes denunciaban el incumplimiento por parte de la Iglesia de su compromiso en avanzar hacia la autofinanciación, que “el horizonte de autofinanciación no tiene plazo, por lo que no hay incumplimiento ninguno”; en otra clara evidencia de cómo las relaciones Iglesia-Estado quedaron bien amarradas en los Acuerdos antidemocráticos de 1979.12 


Este guirigay con la Conferencia Episcopal le dio buenos réditos electorales al PSOE, que era de lo que se trataba. Zapatero volvió a ganar las elecciones gracias al “voto útil” de la izquierda social, horrorizada por una posible vuelta a las cavernas si ganaba la coalición obispos-PP. Las bases y la corriente laicista del PSOE han vuelto a plantar batalla en el 37 Congreso del partido, que ha tenido lugar en los primeros días de julio. Las numerosas enmiendas sobre la laicidad del Estado –además de la reforma de la ley del aborto y la eutanasia- fueron aceptadas, lo cual ha servido a Zapatero para vender un giro a la izquierda que, por supuesto, es irreal –el PSOE abandonó la izquierda hace al menos tres décadas y no parece que quiera volver a ella, aunque muchos de sus militantes, de buena fe, no se hayan aún enterado-. La redacción final de la Comisión ha diluido las justas enmiendas de las bases en una ambigüedad que en sí las despoja de validez y fuerza legal. De entrada, se rechaza la propuesta de Izquierda Socialista de revisar los Acuerdos con la Santa Sede. En su lugar, los supuestos pasos hacia la laicidad del Estado se darán “de acuerdo al sentir general de la ciudadanía” –sentir que no se medirá a través de consulta formal-, no se adoptarán en ningún caso “por imperativo legal” –la Constitución es sagrada para lo que conviene-. Es decir, que, por ejemplo, los ciudadanos de este país seguiremos siendo testigos impotentes de cómo en las fiestas patronales de muchos de nuestros pueblos los ediles acuden en calidad de tales a la misa mayor, en la que permiten que suene el himno nacional, y presiden la procesión del santo junto al párroco u obispo de turno, para regocijo de los nostálgicos del franquismo. El texto congresual aboga también por la “desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas en los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado” –veremos en qué queda esta “progresividad”-, pero elimina la referencia concreta a los funerales de Estado, que, según Ramón Jáuregui, son insustituibles porque no existe liturgia civil alternativa –ni voluntad para reinstaurarla- y “no se privará a las familias de este tipo de actos”.13


El nuevo equipo de Zapatero se ha pronunciado también en distintos medios de comunicación sobre la conveniencia de una ley de libertad religiosa que garantice iguales derechos para las otras confesiones presentes en el Estado español. Esto es, sin embargo, una falsa solución. Lo diremos, para concluir, con las oportunas observaciones de Gonzalo Puente Ojea: “La Iglesia española sigue bien parapetada en el artículo 16.3 de la Constitución, que introduce, con abierto espíritu antidemocrático, relaciones de desigualdad entre los ciudadanos, bajo las apariencias de un lenguaje pluralista e igualitario. Los redactores de la ponencia constitucional, mayoritariamente clericales, han querido desconocer el hecho evidente de que los españoles agnósticos y ateos poseen también convicciones, basadas en peculiares concepciones del mundo, y que reclaman legítimamente iguales apoyos y cauces públicos para la expresión de sus ideas que los que disfrutan las iglesias o las confesiones religiosas –y de modo aplastante, la Iglesia católica-. Regular constitucionalmente de modo separado la libertad religiosa fuera del contexto general de la libertad de pensamiento y opinión es seguir una inercia neofranquista que representa una forma disimulada de privilegiar determinadas convicciones, de otorgar a las creencias en lo sagrado una especial protección. Por añadidura, la manera abusiva en que se ha venido aplicando dicho precepto, ha hecho pasar a este país del no-confesionalismo a un cripto-confesionalismo, y en algunas esferas, a un confesionalismo de hecho (...) Los modos no-religiosos o antirreligiosos de pensar tienen todo el derecho a exigir que las instituciones públicas –civiles y militares- cesen esta odiosa discriminación y les otorguen todas las facilidades de fomento y difusión de las que son acreedores”.14 



1 Feliciano Blázquez, La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975), ed. Trotta, Madrid, 1991, pp. 232-33. Esta “traición” es un ejemplo de los muchos que podemos hallar en los libros de historia de cómo la Iglesia consigue zafarse de los poderes civiles que la protegen cuando éstos entran en decadencia irreversible. El tiempo ha demostrado que en aquella renovación interna de la Iglesia primó más el oportunismo que siempre ha caracterizado a esta institución que la buena fe que no dudamos guió a algunos clérigos y seglares “traidores”.

2 El País, domingo 8 de diciembre de 2002.

3 Gonzalo Puente Ojea, Fe cristiana, Iglesia, poder, Siglo XXI, Madrid, 1991, p. 1

4 Desconocemos si los actuales Cristianos Socialistas proceden de la antigua corriente Cristianos por el Socialismo. En cualquier caso, nos preguntamos, respetuosamente, por qué contribuyen a reproducir a las jerarquías eclesiásticas a las que se oponen; pregunta que podemos hacer extensiva a la llamada teología de la liberación.

5 El País, lunes 27 de julio de 1998

6 Por cierto, este vergonzoso ceremonial, que ni el más fiel ministro de Franco habría representado mejor, no fue mostrado en la televisión pública. Tele5 emitió las imágenes de Bono hincada la rodilla cual caballero cruzado, con el icono en la mano y abriendo su discurso ante el patriarca con las palabras “Su santidad...”

7 El País, domingo 27 de julio de 2003.

8 El País, 12 de octubre de 2003.

9 Véase Iglesia y Estado II: el aborto en el socialismo ibérico

10 El País, lunes 26 de julio de 2004

11 G. Puente Ojea, Fe cristianaop. cit. p. 207

12 Público, viernes 4 de enero de 2008 y El País, jueves, 24 de enero de 2008

13 Público, domingo 6 de julio de 2008

14 G. Puente Ojea, Elogio del ateísmo. Los espejos de una ilusión, Siglo XXI, Madrid, 1995, pp. 28-29.


Este artículo forma parte de una trilogía de Victoria López Barahona. Si quieres enlazar a otro artículo de esta trilogía haz click en:

Iglesia y Estado I: El confesionalismo del Estado

Iglesia y Estado II: El aborto en el socialismo ibérico





 
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