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Inicio arrow ***Actualidad arrow El alcalde de Marinaleda y ¿hasta dónde “el fin justifica los medios”?

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Cuando alimento a los pobres me llaman santo. Cuando pregunto por qué los pobres no tienen alimento, me llaman comunista. (monseñor Hélder Cámara, obispo de Olinda y Recife)
 
El alcalde de Marinaleda y ¿hasta dónde “el fin justifica los medios”? Imprimir E-Mail
escrito por Teodoro Mora Mínguez   

Llevamos meses, años, desde agosto de 2007, justamente desde hace cinco años, lo que nos lleva en nuestra imaginación al famoso “martes negro” de la bolsa de Nueva York de septiembre de 1929, hablando de crisis económica, de “prima de riesgo”, de “rescates” a los países de media zona Euro, más en concreto a los países del sur, los llamados “PIIGS”: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España (Spain) y vivimos desde hace siete meses, es decir, desde que llegó al poder mediante elecciones democráticas, el PP, viviendo una sucesión ininterrumpida de recortes y más recortes sociales, laborales, de derechos a los ciudadanos, llegando incluso a hablarse por parte de expertos internacionales, de la posible aplicación de “corralitos” al estilo de la antigua política económica argentina y lo que nos sorprende como una noticia de verano de última hora, como algo extraordinario, que se sale de todo hecho “normal”, es que hace unos días un alcalde sevillano ha procedido a “asaltar” junto con miembros de un sindicato, un supermercado cercano a la localidad, para darles las mercancías, así enajenadas, a un colectivo que se ocupa de ayudar a las personas más humildes.

Después de tal acción, hay que decir, que los responsables de uno de estos establecimientos, han decidido dar parte de sus beneficios a una ONG local, para que vean que nadie les gana en espíritu dadivoso y buena voluntad hacia los más desfavorecidos.

 

La noticia es la siguiente, según el País digital del día 09/08/2012 un miembro de IU, alcalde del municipio sevillano de Marinaleda y diputado del parlamento andaluz, ha realizado en colaboración con varios miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores y todas las personas a las que ha podido convencer, un “asalto”, realmente, varios, dos, uno a un supermercado de Écija en Sevilla y otro a otro supermercado de Arcos de la Frontera, Cádiz, tomando prestadas mercancías consistentes en artículos de primera necesidad que han sido dados a un colectivo de la zona.

 Por esta acción delictiva se ha detenido a dos de los jornaleros que participaron en la acción de Écija. También se le reclaman responsabilidades a Juan Manuel Sánchez Gordillo, por actos violentos “de asalto” y de “robo” premeditado.

 

Así también, ayer, sus superiores de IU de Andalucía, se han desmarcado de tal acción. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha tomado tal acto como una acción injustificada, una “barbaridad” y el Ministro del Interior ha declarado que, es un acto delictivo, llegando a decir que: “no todos los medios justifican los fines”, retomando así el discurso contrario al expresado por Maquiavello en El Príncipe: “Los fines justifican los medios”. Es cierto, no podemos hacer eco de esa igualación, de acuerdo, si partimos de esta declaración del Ministro del Interior, entonces nos encontramos ante un argumento moral, ético: desde la moral cristiana, el séptimo mandamiento: “No robarás”. Muy bien, moralmente muy cristiano, pero este es un planteamiento no solamente cristiano, sino que, más bien, puede ser tomado como una norma universal, aunque un Proudhom, por ejemplo, podría opinar lo contrario. Y aún así, siguiendo a este último autor tan crítico con la propiedad ¿dónde empieza el robo?, ¿también hay robo a la ciudadanía en escabullir los impuestos, en declarar una “amnistía fiscal” a los defraudadores?, ¿cual es, por tanto, el rasero de esta ética del “no robarás?”, -¿a los pobres sí robarás, y a los ricos, no?-. Por supuesto que la ética debe prevalecer sobre toda otra consideración, al menos para la gente de buena voluntad. Más yo me pregunto: ¿dónde se encuentra la ética en la actuación de este gobierno desde antes incluso de que fuera elegido por las urnas y la ley electoral?

 

¿Qué ética ampara a un gobierno, en su momento, el del PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero y a un partido de la oposición, en ese momento, el del PP de Mariano Rajoy , a imponer de la noche a la mañana, del día último del mes de agosto al primero de septiembre del año pasado, un cambio en la Constitución Española, con el fin de que el gobierno de la nación, las autonomías, los ayuntamientos y cuantos gobiernos locales hubiera, tuvieran que acatar un techo de gastos dictaminado por unas autoridades no nacionales, ni autonómicas, ni locales, sino dependientes de poderes europeos que no han sido elegidos directamente por la soberanía de la nación española, sino indirectamente, asumidos como legítimos por los representantes políticos reunidos en los órganos de decisión política y económica de la UE, el Parlamento Europeo y el BCE?

 

¿Desde cuando “los medios no justifican los fines”? ¿Desde que se engaña a la ciudadanía española, se hacen pasar “de tapadillo” reformas decisivas en la Carta Magna de los derechos de los ciudadanos españoles, que es la Constitución, la sagrada e inviolable Constitución de la restauración democrática de 1978, que era “imposible de cambiar” en ninguno de sus artículos, hasta que las autoridades económicas del Mercadeo Europeo, mal llamado actualmente, “Unión Europea”, ya que no se ve unión alguna entre sus miembros, nos la hicieron cambiar por la fuerza, de un día a otro y bajo la alianza subrepticia de los dos partidos políticos mayoritarios?

 

¿Cuando el pueblo español ha votado ese cambio constitutivo de su Carta Magna? ¿Cuándo ha pedido, una vez ganadas las elecciones por el PP, -después que casi un millón de personas se abstuviesen y con una cifra record de votos en blanco (, en total una cifra pocas veces alcanzada en la democracia española)- que rescataran a nuestros bancos, a esos bancos manirrotos y corruptos que han dilapidado las ganancias sacadas a base de una economía basada en la especulación bursátil y la sobre-valoración de los precios del sector de la construcción, para los cuales pidieron los empréstitos millonarios que les dieron los bancos europeos, y, entre ellos, sobre todo, los alemanes, que ahora exigen la devolución de toda la deuda con los consiguientes intereses?

¿Quién ha pedido en la sociedad española el que se recorten los derechos de los trabajadores, se abaraten los despidos y se recorten todas las ayudas sociales?

¿Europa, los banqueros europeos, los empresarios y los banqueros españoles? Entonces, si esto es así, ¿para qué cometen la desvergüenza reiterada de pedirnos nuestro voto cada cuatro años, si los que gobiernan sólo tienen en cuenta la opinión de estos señores, que, por otro lado, al parecer, según las últimas noticias que tenemos acerca de la ley de financiación de los partidos, son los que les financian sus campañas políticas?

 

La acción realizada hace unos días, entre otros por el alcalde de Marinaleda y diputado de Andalucía, quizá sea un acto no legal, persona a la cual, además se le ha achacado el que debe exigírsele “respetabilidad” en honor a sus cargos, cargos políticos, por los que fue elegido por la ciudadanía de su localidad, al contrario que las de las autoridades europeas que dictaminan las medidas a tomar y los empresarios y financieros españoles que las respaldan, que no han sido jamás elegidos de forma democrática por ningún ciudadano, ni de nuestra nación, ni de ninguna nación, ni europea, ni del mundo, ya que han sido puestos “desde arriba” por otras instancias ajenas a la voluntad democrática directa de los ciudadanos europeos.

 

Es cierto, este acto, puede ser tomado como un acto, que está fuera de la legalidad establecida, pero no es un delito de “robo”, como nos quieren hacer creer desde los medios de comunicación de masas, ya que no es una apropiación para su propio beneficio, si acaso sería un hurto para el beneficio de otros, quizá una acción de apropiación que violenta la voluntad de los empleados del establecimiento. Si lo pensamos con más detenimiento, una acción realizada para colectivizar unos bienes de primera necesidad, un “hurto en situación de penuria” ha declarado la abogada del Sindicato Andaluz de Trabajadores, quizá sea así y será algo que tendrá que decidir el juez, si es que se les puede juzgar por tal acto, pero desde luego, aunque no sea legal, es un acto de justicia, aún más, de equidad, “equidad”: “repartir los bienes, dar a cada uno lo que le corresponde”, por tanto, un modo de justicia redistributiva que parece haber desaparecido en esta sociedad de grandes libertades o más que de libertad más bien, habría que llamarlo por su nombre, esto es: “sistema neoliberal y ultraconservador”.

Sí, este es un acto de justicia redistributiva con respecto a los que están siendo sobrecargados por una crisis que no ha sido provocada por ellos y de la que ellos, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad y que, en cambio, están pagando por ella día a día, esto es, los más humildes de esta sociedad.

 

El Ministro del Interior del estado español y aún incluso el Delegado de Seguridad del Gobierno de Valencia ven, por supuesto, y han visto, con mejores ojos desde la legalidad, la represión violenta de las manifestaciones no violentas de los estudiantes de Valencia cuando estos se manifestaron el pasado 13 de febrero de este año, porque se les estaban recortando las posibilidades de acceder y de continuar estudiando con becas, ya que la represión violenta por parte de las fuerzas de la seguridad del Estado es un acto contemplado por la legalidad democrática vigente, ya que, legalmente, el Estado tiene el monopolio de la violencia por medio de estas fuerzas. Así el Estado con el gobierno actual del PP, contraatacó al convertir todo acto de “manifestación no violenta” en un acto igualmente punible que si fuese violenta, aunque lo haya hecho mediante Decreto Ley, tal y como esta haciendo con muchas de sus leyes más “impopulares”, sin pasar por el refrendo de las Asambleas Constituyentes: Congreso de los Diputados y Senado, de tal modo que, se nos dice: -así sea, “Amén”-, es la legalidad vigente la que habla. Recordemos que también la legalidad vigente se hizo real en la Alemania de 1933 con personajes como Karl Smith, que, casualidades, también apelaba a lo dicho por autores como Maquiavello en su discurso, eso si, lo hacía declarando su adhesión a éste, ya que para Smith, directamente: “los fines= los medios” y en la Italia de 1922, con lo que vemos, que también los gobiernos fascista y nacionalsocialista fueron, en su día, elegidos de forma democrática.

 

Por otro lado, la criminalización progresiva que se está llevando a cabo tomando como “cabeza de turco” a los inmigrantes ilegales y su persecución policial, tal y como se está haciendo ya en Grecia, y como se empieza a hacer aquí, primero invitándoles a abandonar, por las buenas, el país, luego quitándoles el derecho a la atención médica, a no ser en urgencias, después ya se verá, ya inventaremos otra cosa ..., nos acerca demasiado a esas realidades del pasado y por tanto, nos encamina hacia una Europa de fronteras cerradas en la que prima el mercadeo de intereses de los más poderosos, de los Krupp, de los Thyssen, de los … de nuestra época.

 

Quizá esto sea una comparación excesiva, pero también lo es la situación actual, real en la que nos encontramos. Se dice que el acto de este alcalde y de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, es un acto reprobable, reprensible, ilegal, pero la situación en la que nos encontramos hace tiempo que dejó de ser una situación cotidiana “normal”. Con los recortes sociales realizados con una parsimonia y exactitud religiosa, cada viernes por este gobierno, con unas condiciones de paro en Andalucía de casi un 25% de su población, condiciones, que, por otro lado, no difieren mucho de las demás comunidades autónomas, y con una precariedad no solo laboral sino también de vivienda y, en general, de las condiciones de existencia a nivel nacional, es decir, de todos aquellos derechos que se recogen en la Constitución española de 1978, tenemos derecho todos los ciudadanos, hacen que la situación en que nos encontramos sea una situación excepcional.

 

¿Por qué resulta excepcional “asaltar” un supermercado, todo sea dicho, sin el uso de ningún arma, con el fin de, darles lo obtenido a los más desfavorecidos cuando la norma, lo “normal” y amparado en la norma establecida, es expoliar a los ciudadanos de las clases medias y bajas para ceder lo obtenido a los bancos y cajas nacionales, para pagar con ello, a su vez, a los bancos europeos que quieren que se salde la deuda contraída por aquellos?

 

Además hay que ver en que establecimientos se ha realizado la confiscación de bienes de primera necesidad, uno, en Cádiz, a un supermercado perteneciente a la empresa multinacional Carrefour y, otro, en Sevilla, a un hipermercado de la empresa Mercadona, empresa esta última, que recordemos, su máximo responsable hizo hace unos meses una declaración, que puede ser tomada, al menos, como un tanto conflictiva, indicando como máximo portavoz de dicha empresa, lo acertado de las medidas tomadas por el gobierno en materia de salarios y de reforma laboral, y poniendo además el hincapié, en que las condiciones de empleo en España tendrían que acercarse más a la flexibilidad de las de los países más competitivos y pujantes en la Economía mundial, es decir, sin llegar a decirlo, de India y China.

 

Ya que hemos visto quién es quién, y hasta dónde se puede decir que “los medios no justifican los fines”. Vamos a ver, la situación, el contexto, en el que se produce esta “acción extraordinaria”, es una situación de penuria que es vivida por los más humildes, y que, recordemos, no es algo nuevo, no es algo extraordinario, ya que todos vemos, los que lo vemos, claro está, -aunque otros prefieran mirar hacía otro lado- , el que alrededor de los grandes supermercados de las ciudades españolas cada vez haya más personas que recogen los desperdicios que estos supermercados tiran diariamente. Ya no se trata de individuos particulares, los llamados “mendigos” y “vagabundos”, sino de familias enteras que tienen que recurrir a ello para poder subsistir. Así también, hace unos días, poco antes de la acción del alcalde de Marinaleda, apareció en los medios de comunicación, que en la provincia de Gerona, muchos supermercados estaban procediendo a cerrar mediante candados, los contenedores para que nadie recogiese los alimentos que estuvieran en mal estado que se arrojaban allí, con el fin de ceder los que se encontraban en mejor estado a una ONG. Por tanto, este acto del alcalde de Marinaleda, no es un acto “extraordinario” de “violencia” y “robo”, un “asalto”, sino más bien, un acto, una acción que surge en un entorno, en una situación abonada a la penuria, es por tanto: ¿un acto simbólico?, ¿es un modo de hacer notar la situación a la que están llegando muchas familias en España?, ¿es un “toque de atención” a la realidad de la calle en medio de una actualidad política demasiado ocupada en los manejos internacionales? Pues quizá sea todas estas cosas y más.

 

 

 

Por tanto, aunque nos pese, a través de actos como los de este alcalde, sindicalista y diputado, es como visualizamos, vemos que la situación de penuria no es una excepción, sino que, empieza a verse claro, es algo que está en proceso de convertirse en la norma, en lo “normal” y cotidiano. Así, pues, no es de extrañar, el que, se empieza por ver pasar hambre, y se acaba, como en el caso del alcalde de Marinaleda, precisamente, por ser un representante elegido por el pueblo, su pueblo, y no alguien designado “desde arriba”, por tener una visión extraña de la justicia, que considera que el “asaltar”, el tomar prestadas las mercancías de primera necesidad, el apropiarse de lo necesario para colectivizarlo, para hacerlo común con aquellos que ya no tienen nada, es más justo que seguir promulgando leyes, en su calidad de diputado, que únicamente sirvan para, beneficiar a los que más tienen y que terminen por desencadenar más pobreza y necesidad, eso sí, democrática y legalmente establecida.

 
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