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El amor al dinero como posesión –en tanto distinto del amor al dinero como medio para las alegrías y realidades del mundo- será (en el futuro) reconocido como lo que es: un tipo de repugnante enfermedad, una de esas propensiones semi-criminales, semi-patológicas, que uno entrega con cierto estremecimiento a los especialistas en salud mental (J.M.Keynes)

 
Iglesia y Estado II: El aborto en el socialismo ibérico Imprimir E-Mail
escrito por Victoria López Barahona   

Transcurridos treinta años de Estado social, democrático y de derecho, muchas y muchos nos preguntamos: ¿Cómo se explica que la interrupción voluntaria del embarazo no sea todavía en España un derecho pleno, cuando ha sido el PSOE –teóricamente sensible a los derechos de las mujeres- el partido que ha gobernado la mayor parte de este período? Se explica, resumidamente, por una razón: la cúpula del PSOE no solo se ha vaciado de su ideología socialista desde los inicios de la Transición, sino que ha abierto hueco a fervientes seguidores de la política del Vaticano, dejándose presionar por la Conferencia Episcopal y sus sectores integristas. Por ello no tenemos una ley que reconozca nuestra libertad de elección. Pero más grave, quizás, y afrentoso, es que desde los años 90 hasta hoy, nuestro derecho se haya transformado en un mero instrumento electoralista en manos del PSOE. Hagamos memoria:


 

La ley actual de despenalización parcial, bajo los tres supuestos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto, fue aprobada bajo el primer gobierno de Felipe González en 1983, tras su victoria electoral con mayoría absoluta (Preguntado años después por las razones de esta despenalización parcial, Felipe contestó que en aquella época “los españoles no estaban aún preparados” para una ley más permisiva; pero no se atrevió a convocar una consulta por si su paternalismo de Gran Timonel salía trasquilado). La paticoja ley fue paralizada durante dos años por el recurso que el PP (entonces Alianza Popular) interpuso ante el Tribunal Constitucional; proceso del cual salió con algunas muletas más. Desde entonces, y a pesar de las protestas que suscitó entre la propia militancia y los movimientos sociales, el PSOE no aprovechó sus sucesivas mayorías absolutas para sacar de una vez la interrupción voluntaria del embarazo del código penal, y se contentó con una aplicación flexible de la norma. Las españolas ya no tuvieron que recurrir a abortos clandestinos ni marchar a hurtadillas a Londres o Ámsterdam; pero la sanidad pública les cerró las puertas y hubieron de acudir a clínicas privadas, en detrimento de las mujeres de rentas más bajas. La mayoría de las intervenciones (el 99% de las 400.000 en 1997) se realizaban bajo el paraguas del peligro para la salud de la madre, y siempre con el riesgo de denuncia por parte de cualquier fanático, enemigo o novio despechado, aunque una política de tolerancia e indultos aminoraba el impacto penal. A estas clínicas acudían asimismo las portuguesas más afortunadas, en cuyo país, con una norma similar pero de aplicación mucho más estricta, los abortos clandestinos (una media de 16.000 al año) suponían una de las primeras causas de muerte entre las mujeres.[1]

 

Pero hete aquí que en el último trimestre de 1995 el PSOE perdía su mayoría parlamentaria con la retirada de confianza de su principal socio, Convergencia y Unión (CIU), viéndose obligado al adelanto de las elecciones para marzo del 96. Entonces, en minoría, sí: el PSOE presentaba una propuesta de ampliación de la ley, cuando sabía que no iba a prosperar, como no lo hizo, por los votos en contra del PP, CIU y Coalición Canaria. La prensa afín al PSOE –principalmente El País-, aprovechaba la coincidencia de las condenas a mujeres y profesionales que se practicaron por esas fechas, a iniciativa de asociaciones confesionales, para hacer campaña electoral destacando los parabienes y bondades que habría supuesto la rechazada propuesta de los socialistas.[2]

 

Pero la cuña vaticanista no solo había penetrado en la socialdemocracia española. En febrero de 1997 Portugal vivía una gran crisis política provocada por su jefe de gobierno y secretario general del Partido Socialista, António Guterres, a cuenta de la legalización del aborto. Las Juventudes Socialistas y el Partido Comunista presentaban a la Asamblea una propuesta de despenalización en los tres primeros meses de gestación, respondiendo a la demanda popular. Para sorpresa de todos, era rechazaba por un solo voto, el del propio Guterres, que, junto a dieciséis diputados más de su grupo, hacía frente común con la derecha católica. Guterres, íntimo amigo de Felipe, ya se proclamaba “católico practicante” y, por tanto, opuesto “como ciudadano” a la despenalización del aborto. Pocos días después, el 13 de marzo, moría otra mujer, madre de tres hijos, en un aborto clandestino, lo que echó más leña al fuego de la polémica y la indignación generalizadas.[3]

 

Mientras tanto, al otro lado de la raya, hinchadas de dinero y orgullo las huestes ultraconservadoras de la Conferencia Episcopal, con el PP en el gobierno, se estaba asistiendo a la condena de ginecólogos (uno en Oviedo, dos en Barcelona) y su encarcelamiento.[4] El País remarcaba que mientras el PSOE había indultado a los médicos condenados, el PP no lo hacía, y que se estaba retrocediendo a la época de los abortos clandestinos y los vuelos charter a Londres. El PSOE aprovechó este revuelo para otra ofensiva electoralista. A comienzos de mayo de 1997, junto a Izquierda Unida, planteaba en el Congreso la necesidad de introducir el cuarto supuesto en la ley.[5] El PP, como era de esperar, se opuso, pero también vio cómo la Audiencia de Barcelona anulaba la orden de prisión de los médicos a los que no había querido indultar.[6]

 

El 4 de febrero de 1998, en el país vecino, la Asamblea aprobó al fin por mayoría el proyecto de las Juventudes Socialistas y el Partido Comunista de despenalizar el aborto durante las diez primeras semanas de gestación. Guterres en esta ocasión no dudó en saltarse a la torera la decisión de la Asamblea, pilar de la soberanía nacional, para boicotearla con la propuesta de un referéndum, para lo cual se alió con el Partido Socialdemócrata (PSD, de orientación teóricamente más conservadora). Rechazado en principio por los partidos de izquierda y la Iglesia portuguesa, la propuesta de referéndum contó con el apoyo de António Guterres y -más lamentable aún- de todo su partido.[7] ¿Cabe mejor exponente del totalitarismo que inocula el integrismo católico en los partidos y el Estado?. El pacto antidemocrático por el referéndum con el PSD lo hizo Guterres a cambio de otro para la reelección del Tribunal Constitucional y las consultas sobre Europa. De nuevo, el derecho y la vida de las mujeres transformados en moneda de cambio. El PS no realizó ninguna campaña institucional a favor del proyecto, con el argumento de permitir la “libertad de conciencia”, y el referéndum, claramente anticonstitucional, fue, obviamente, boicoteado por la aplastante mayoría de los ciudadanos: la abstención llegó al 70 por ciento y esto lo hizo fracasar, pero dejó más empantanado el derecho de las mujeres al quedar el proyecto paralizado.[8] Aunque dentro del PS se acusó a Guterres de ser permeable a las presiones de la Iglesia, el partido renunció a tramitar la ley en esa legislatura, es decir: su postura oficial fue de un vergonzoso silencio y acatamiento a su líder.

 

Mientras Guterres criaba la fama, Felipe cardaba la lana. La oposición encabezada por el PSOE iniciaba, junto con IU, otra gran campaña electoralista con la presentación el 24 de febrero de 1998 en el Congreso de dos proposiciones, una del PSOE y otra de IU, para ampliar la ley del aborto al cuarto supuesto. Las cuentas salían. Pero, la oportuna ausencia de algunos militantes del PSOE el día de la votación se saldó con un empate, que se repitió en una segunda vuelta, y las mociones quedaron rechazadas. Entre los ausentes estaban Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña, “católico practicante” y conocido ya por sus posturas antiabortistas, y el propio Felipe González, cuya camarilla se limitó a explicar que “el aviso le llegó tarde”.[9] Poco después, él mismo declaró a la prensa que “había llegado el momento oportuno para dar un paso más en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo” y negó que su ausencia respondiera a una falta de coherencia. Preguntado sobre el motivo de que no aprobara la ley cuando gobernó, respondió, con un cinismo insuperable, que esa pregunta “no tenía sentido”, pues “desde Aníbal para acá habría que preguntárselo a todos los que han tenido responsabilidades políticas”.[10] En septiembre de 1998 la discusión de la ley volvió al parlamento español. El PP se comprometió a votarla por segunda vez el 22 de ese mes; pero, aunque se esperaba un triunfo del sí, nos volvieron a engañar y en esa situación hemos permanecido hasta hoy.

 

El PSOE ha gobernado desde 2004, tras una campaña en la que, necesitado del voto de izquierdas, incluyó la promesa de una ley de plazos, que ha incumplido. Incluso ha votado en contra del proyecto que IU presentó recientemente (En Portugal, sin embargo, la despenalización del aborto ha sido aprobada en 2007 a través de referéndum). El PSOE no tiene ninguna intención de garantizar nuestro derecho más fundamental, sin el cual cualquier Ley de Igualdad es papel mojado. En la reciente campaña, con la agresión integrista a las clínicas abortistas y las manifestaciones a favor de la despenalización, el PSOE no dio explicaciones de sus incumplimientos y aplicó paños calientes con la oferta de medidas que garanticen la intimidad de las mujeres y la apertura de un “proceso de reflexión” -¿se nos puede ofender más?- para una futura ley de plazos. El PSOE ya no necesita el espantajo del aborto para alborotar el gallinero episcopal; cuenta para ello con los divorcios express, los matrimonios homosexuales o la “educación para la ciudadanía”. El cacareo de sotana le viene bien electoralmente, como hace poco reconocía el propio director de Público: “Al PSOE le conviene que se hable de Iglesia: sabe que las manifestaciones con obispos movilizan a los votantes de la izquierda”[11]. Y pese a que su secretario de organización anunciaba que, si ganaban las elecciones, “nada será igual” entre el Estado y la Iglesia católica, Fernández de la Vega se encargaba de dejar claro que no habrá revisión de los Acuerdos de 1979.[12] La Iglesia se presta a este juego de los enfrentamientos –no le importa “suspender en ciudadanía”-, porque sabe que gane quien gane ella no pierde. Nosotras sí. ¿Qué hacían las feministas militantes del PSOE en las manifestaciones por el derecho al aborto del pasado 23 de enero, qué hicieron durante los trece años en que su partido gobernó, qué harán durante este nuevo mandato? Merecemos una explicación.

 

Los grupos de presión del integrismo cristiano –católicos o protestantes- no solo hacen zapa en la socialdemocracia –si es que aún se la puede llamar así-, europea; sino también en Iberoamérica, como ha denunciado la revista mexicana Debate Feminista. El triunfo de la izquierda en Uruguay en 2004 despertó esperanzas, pero el socialista Tabaré Vázquez, probablemente aleccionado por sus correligionarios español y portugués, declaró que si el parlamento llegaba a aprobar esa ley él la vetaría e incluso disolvería las Cámaras si el parlamento levantaba el veto. En Nicaragua se ha abolido la ley del aborto terapéutico. En Chile, con una mujer socialista en la presidencia, la interrupción voluntaria del embarazo todavía está prohibida; es más, junto a Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, ha oficializado la celebración del Día del No Nacido, fijada el 25 de marzo.[13]

 

Esta gran ofensiva antifeminista por parte del integrismo católico –y cristiano en general- merece una respuesta firme por parte de quienes nos sentimos comprometidas y comprometidos con los derechos y libertades, que solo un Estado verdaderamente laico puede garantizar. Hagamos de la despenalización del aborto y de la ruptura de los pactos entre la Iglesia y el Estado una reivindicación permanente en nuestras movilizaciones.

 



[1] El País, viernes 21 de febrero de 1997

[2] El País, jueves 3 y viernes 4 de enero de 1996.

[3] El País, jueves 13 de marzo de 1997.

[4] El País, lunes 10 de marzo de 1997.

[5] El País, martes 6 de mayo de 1997.

[6] El País, 10 de mayo de 1997.

[7] El País, jueves 12 de febrero de 1998.

[8] El País, lunes 29 de junio de 1998.

[9] El País, miércoles 25 de febrero de 1998.

[10] El País, miércoles, 18 de marzo de 1998.

[11] Público, viernes 25 de enero de 2008

[12] El País, jueves 24 de enero de 2008

[13] Marta Lamas, directora de Debate Feminista:  “Cuando la mujer no decide”, El País, 22 de noviembre de 2006.

Este artículo forma parte de una trilogía de Victoria López Barahona. Si quieres enlazar a otro artículo de esta trilogía haz click en:

Iglesia y Estado I: El confesionalismo del Estado

Iglesia y Estado III: La Rosa y la Cruz
 
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