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Cuando alimento a los pobres me llaman santo. Cuando pregunto por qué los pobres no tienen alimento, me llaman comunista. (monseñor Hélder Cámara, obispo de Olinda y Recife)
 
Si se va el rey
escrito por Blasco Ibáñez   

 

 

Reconozco que el actual rey de España ha sido durante algunos años para la opinión internacional un personaje simpático. Su juventud, su carácter decidor a estilo madrileño y una intrepidez alegre de subteniente hicieron de él ese “personaje simpático” tan amado por el vulgo que le ve de lejos y sólo aprecia las exterioridades.

 

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De las críticas de la Revolución Bolivariana y la automixtificación de nuestras democracias (o acerc
escrito por Mª Fernanda Rodríguez López   

Nos son conocidas –quizá por machacanomente repetidas e instaladas en la opinión pública-- las críticas al proceso constituyente de Venezuela. Todas ellas, no obstante, tienen como único fundamento la exaltación del modelo constitucional de nuestras democracias burguesas, o como se tratará aquí de mostrar, su fundamento es la radical mixtificación que proclama dichas democracias auténticos estados de derecho. Podríamos reproducir las críticas de los detractores de dicho proceso constituyente de ese país del siguiente modo, a saber:

1)      se trata de una constitución que es apoyada por un 71’78 % de los votos, con un 55’63 % de abstención y, por tanto con casi un 30 % de los votantes en contra, es decir una constitución que no tiene a su base una auténtica soberanía popular, crítica acompañada de las consabidas invocaciones sentimentaloides a la conciliación nacional, nostalgias de clase media y alta a la que nunca importó la pobreza de la mayor parte de la población (lo que debe ser lo propio en una nación “conciliada”);

2)      la segunda crítica reprocha la restricción de libertades de la reforma constitucional, como la libertad de expresión, y la ampliación de los casos en que se puede declarar estados de excepción, suspiros por la libertad de expresión del capital explotador y de los golpistas a cualquier intento de resdistribución (justa, por lo demás) de la riqueza y, llamativo olvido de lo que aquí se censuraría (y se censura) en situaciones menos conflictivas, pero sobre todo autocomplaciente represión de la verdad de uno mismo: los estados de excepción están previstos y siempre disponibles en nuestro ordenamiento constitucional (porque éstos no hacen sino constituir una máquina de guerra);

3)      y, por último, el populismo, al que se reconoce como signo inequívoco de las supuestas tendencias dictatoriales del gobierno chavista, de ese hombre tan poco fino que dice que la victoria de la oposición por más que votada es una “victoria de mierda”, lo que aquí se argumentará como sentencia perfectamente apropiada a la situación, no sólo de Venezuela, sino de cualquier proceso constituyente en una sociedad capitalista y que mantiene la relación de fuerzas a favor del capital.

 

Que el tono de este artículo sea la mala leche no quiere decir que esté errado, ruego que lo desubjetivicen ustedes y que atiendan a los argumentos, pues el cabreo es hijo de la debilidad, y se es muy débil frente a los excesos de la ideología dominante. Por otro parte, la auténtica vulgaridad es la del que ama más las “formas” que la verdad, más el refinamiento aparente que la verdadera cortesía, la cual siempre consistió en ese casi inverosímil y acrobático desplazamiento de perspectiva que abandona el narcisismo particular en favor de criterios públicos y generales, hoy por completo pisoteados con maneras de burguesito altivo y relamido.

 

Nos ocuparemos de las dos primeras críticas, y dejaremos la tercera (el populismo chavista) para otra entrega. En su totalidad, responden a la invocación del estado de Derecho, omnipresente en el contexto español y tanto más insistente cuanto que el recurso a la amenaza terrorista suscita la imagen de la violencia desnuda de legitimidad frente al orden de la legitimidad, de la ley, de la Razón. Que tras esta invocación se esconda más bien una maniobra política de investimiento de autoridad moral contra el adversario político, devenido, en el Estado español, casi enemigo, y una defensa del orden y la moralidad frente a un estado de violencia, incluso al precio de la cesión de libertades, movilizando los miedos más arraigados, y que esta operación –que es la de toda la de la nueva derecha occidental-- converja con la ultraderecha, no parece importar.

 

Aún así y pese a la contradicción entre lo que los nuevos conservadores dicen ser y lo que practican (el cultivo de las condiciones para el emergentismo), no dejan de presentarse como valedores y herederos de la Libertad, libertad idéntica a su parecer a la libertad del mercado. Ha resultado ser ésta una identificación exitosa, gracias al devenir aciago del socialismo en regímenes totalitarios y a la falsa equivalencia (que Venezuela desafía, por más que no se quiera reconocer) de socialismo y totalitarismo, a lo que han contribuido algunos intelectuales, pseudointelectuales más bien, como Hannah Arendt, más de moda a día de hoy que los nuevos filósofos, pues le sienta mejor ese disfraz de sincera preocupación por las cosas mundanas, que el capitalismo, con su lógica consuntiva devoraría: una de cal y otra de arena, capitalismo y anticapitalismo para todos, según gustos y superficialidades variadas.

 

De este modo, los nuevos regeneradores morales de los valores de Occidente, de la Patria, la Familia y el Trabajo no hacen sino rebajar la idea de derecho, que en el fondo no es más, para ellos, que Trabajo, Patria, Familia, o sea, particularismo de la nación, del patriarcado, y de clase. O lo que es lo mismo, tres muñones de carne repulsivamente viscosos, informes y narcisistas toman el lugar de la validez y la universalidad, y se presentan como los pilares del sacrosanto Estado de Derecho. Frente a esta Trinidad, Venezuela es, naturalmente, dictadura.

 

También este uso retórico de la confrontación entre democracia y dictadura es puesto en juego desde las posiciones moderadas de la democracia burguesa y de la lucha de clases. El hecho de que todas las llamadas al Estado de Derecho se confronten a un estado de guerra o de dictadura, de violencia desinstitucionalizada (terrorismo) o de violencia institucionalizada pero igualmente ilegítima (dictadura), no puede dejar de llamar la atención, pues allá donde no hay dictadura, sino sujeción a la ley, en términos de separación de poderes, es decir de control del gobierno por el poder judicial, asegurado constitucionalmente, debe haber dictadura, como es el caso de Venezuela.

 

La confrontación política atraerá, en cualquier caso,  a todo enemigo político al polo, bien del terrorismo, bien de la dictadura. Y este es el caso en la confrontación política internacional, pues  entre las críticas al proceso constituyente de Venezuela se incluye el hipócrita repudio del excepcionalismo, excepcionalismo ampliado en la reciente reforma constitucional[1], asimilando también el proceso venezolano al aseguramiento de una dictadura. Debe recordarse que la previsión de estados de excepción procede de, y se encuentra en, el constitucionalismo europeo y americano y, cómo no, también en nuestra actual constitución (Capítulo Quinto. De la suspensión de los derechos y libertades). Los estados de excepción previstos constitucionalmente (y en el caso de la constitución española desplazados al cómodo recurso de una ley orgánica, que como es natural no se somete a referéndum popular), no tienen nada de casual, si no se entra en el juego de la mixtificación del Derecho y del Estado tal y como se dan en Europa. Nuestras constituciones, el derecho por el cual se conforma un Estado sobre una sociedad de mercado, no son sino el fruto de la capitulación en una guerra sorda, o si se quiere la evitación de una guerra desatada, la cual será también la continuación de la guerra por otros medios, por el medio de la producción de leyes, decretos, órdenes, gracias a la capitulación de la parte más débil. Esa continuación de la guerra por otros medios  es la paz, el vigente estado de derecho en una sociedad capitalista no es sino la violencia institucionalizada. De modo que el excepcionalismo presente en nuestra actual constitución como en cualquier otra se explica porque el estado de guerra no es accidental en un régimen jurídico, puesto que en él y por medio de él se mantiene.

 

Que la paz no sea hija de la razón ni los regímenes garantistas la ausencia de violencia es lo que los detractores del proceso de Venezuela de una y otra cuerda jamás admitirían. A este falseamiento se le puede llamar, en tanto que tal, ideología, pero sobre todo merece ese nombre porque se trata de aquel falseamiento que además de ser expresión de los intereses de clase es instrumento de dichos intereses, lo que es mucho más crucial en el concepto de ideología.

 

Tomemos como primer impulso hacia la desmitificación de nuestro régimen constitucional o nuestra democracia burguesa el primer argumento en contra del proceso constitucional de Venezuela: la constitución no es reflejo de la voluntad popular, es decir, de todos los ciudadanos, así como la constitución española sí lo es de todos los españoles. No discutimos que esto último sea cierto o no, sino algo más esencial: que el régimen legítimo deba serlo de dos clases antagónicas a la vez, las cuales tendrían la misma legitimidad, y que a pesar de su antagonismo fueran capaces de algo así como un contrato social en pie de igualdad. Ni hay igualdad de fuerzas que haga posible un verdadero contrato (es decir un pacto entre dos sujetos libres, no coaccionados, pues uno de ellos no lo es) ni hay igualdad de legitimidad (pues uno de ellos, carece de tal legitimidad).

 

¿A qué se debe la eficacia de este falseamiento? ¿Cómo es posible que la violencia, por más que institucionalizada, no aparezca como tal, sino, muy a la inversa, como Derecho, como Legitimidad? La constitución según esta ideología, según este útil falseamiento, sería el fruto del consenso de todos, fundando un régimen constitucional, reino de paz, asegurado por el uso de una violencia legítima, esto es, no ya la violencia pura, bruta, sino la acompañada de validez, aplicada en el caso de que se trasgreda la ley, pues se trata de leyes justas. Y ello excluye por tanto como reino de la violencia justa que el Estado, Estado de Derecho, claro, sea el de la mera violencia legal. La eficacia de este giro ideológico se funda en:

1)      la apariencia de consenso (soberanía popular) que produce la ilusión de ausencia de violencia,

2)      leyes formalmente universales, que dan la apariencia de leyes justas,

3)      separación de poderes e independencia del poder judicial, que sostiene la idea de sujeción a la ley, donde las leyes ya han aparecido falazmente como justas.

 

Para saber si se trata como aquí se sostiene de una ilusión ideológica muy útil a la clase dominante, se ha de considerar si: 1) la ley es fruto de un verdadero consenso o de una relación de fuerzas desigual en que una de ellas se ve obligada a pactar; 2) si (lo que es la otra cara de la moneda de lo anterior) la constitución admite o excluye elementos de desigualdad real que hacen que de facto las leyes sean sólo “formalmente” universales.

 

Ya hemos sostenido que el contexto no es el de un libre consentimiento sino el de una relación de fuerzas desiguales representadas por clases sociales, minorías étnicas o nacionales que se ven forzadas a pactar una capitulación. La paz que viene dada en el nuevo marco jurídico no es la exclusión de la guerra asegurada por una violencia justa, sino la continuación de la guerra por medio de una violencia legal.

 

Y es la respuesta a 2, la que suministra la prueba: lo que es legal en la relación capital/trabajo a cambio de algunos derechos es la extracción de plusvalor, la defensa de la propiedad privada, donde esa protección jurídica en el contexto de una sociedad capitalista es la de de la legalidad (y por el giro ideológico mencionado, la de la legitimidad) de la apropiación del trabajo ajeno, el elemento de desigualdad real contenido en la ley, a pesar de su universalidad formal. Elemento de desigualdad que es el contenido de la violencia de una sociedad capitalista y por tanto el contenido de la ley.

 

 Es muy distinto hablar del Estado de Derecho en términos de libre consentimiento y soberanía popular, de universal legitimidad, a hablar de él en términos de capitulación, bajo la persuasiva y sorda amenaza de violencia ilimitada, de evitación de la guerra extrema, de enfrentamiento continuo en que las fronteras entre guerra y paz no están, pues no pueden estarlo, bien demarcadas y,  en definitiva, de violencia ilegítima porque  particular, de una clase sobre otra,  pero legal. Y lo único que se podría decir –y es cierto—es que el régimen constitucional garantiza que la violencia sea menos, a la vez que garantiza que, a cambio de ser menos, pueda seguir ejerciéndose. Esto es, la amortigua sólo para perpetuarla.

 

Por eso una constitución que quiera fundar un verdadero Estado de Derecho no debe ser la constitución de todos los sujetos en liza, de los explotadores y de los explotados, sino una que elimine la extracción de plusvalor en favor de una redistribución rigurosa de la riqueza, o lo que es lo mismo, una que deje fuera del juego a los explotadores en tanto tales por medio de la ley y de una violencia justa en caso de que éstos no respeten el nuevo ordenamiento legal. Y ése es un auténtico proyecto constituyente. ¿Pues qué nuevo orden constituiría una institucionalización de la desigualdad de fuerzas ya existente? Muy al contrario, un proceso constitucional de ese tipo sólo consistiría en una preservación del status quo, pero aquí hablamos de un orden nuevo porque no conserva y protege la relación de fuerzas precedente, sino que la subvierte: es una revolución, no una preservación. No puede, en consecuencia, ser apoyada por sus enemigos, de modo que en nada disminuye el valor de la constitución venezolana la oposición de una parte de la población, por recurso a ese prurito de la soberanía popular como un todo conciliado, indiviso, sino que, muy al contrario, la oposición de sus enemigos la honra, la dignifica.

 

Se debe entender lo que se juega aquí y las declaraciones de Chávez lo manifiestan muy bien. Aunque se las haya tachado de antidemocráticas no hacen sino poner de relieve cómo consigue el capital su permanencia institucional, su preservación de la relación de fuerzas. Extraemos dichas declaraciones del diario El País del día 5 del 12 de 2007:

 

“Fue una victoria de mierda y la nuestra una derrota de coraje", ha declarado Chávez. "Para mí fue la mejor derrota" porque la "victoria pírrica" de su propuesta "más bien hubiese sido catastrófica" y "a estas alturas este país estaría incendiado y nunca hubiera quedado claro quién ganó; las dudas hubieran apuntado con razón contra mí", ha declarado

 

Chavez reconoce que Venezuela está en estado de guerra, y que él mismo se retrae ante él, que hace falta mucha más fuerza para vencer al capital, cuya victoria ha sido la victoria del miedo, de un chantage sobre la base de la amenaza de una escalada d violencia, una “victoria de mierda”, con todas las letras. Ni un ochenta por ciento a su favor, declaró Chavez en otra ocasión, hubiera supuesto por parte de la oposición respeto a la reforma constitucional, como la mayoría clara a favor de su opción no lo ha supuesto otras veces (y sobre todo no lo hizo en el golpe de estado de 2002, tras haber sido legítimamente electo). Y sí, es una derrota de coraje el haber desafiado al capital en favor de una justicia objetiva, y una victoria de mierda la que preserva la violencia amenazando con violencia.

 

Y más allá de eso, de que se trata de un ordenamiento nuevo, de un verdadero proceso constituyente, asediado por sus enemigos y no de la mera perpetuación de relaciones sociales y violencias preexistentes, sigue en pie la cuestión: cómo es posible que la violencia permanezca invisible en nuestros regímenes “democráticos” y aparezca como compatible con la idea de un Estado de Derecho. Cierto es que ya hemos visto qué rasgos hacen aparecer como legitimidad al Estado que protege la violencia de la apropiación del trabajo ajeno, del tiempo de vida ajeno. Pero esa apariencia de legitimidad sería imposible si la violencia que él protege, que él preserva, no fuera hasta cierto punto imperceptible.

 

Efectivamente, es una violencia la apropiación de trabajo ajeno, pero es una violencia que se funda en un contrato, y es esto nuevamente lo que la invisibiliza. El trabajador no firma un contrato en que consiente que le ejerzan una violencia –se apropien sin beneficio para sí una parte de su trabajo, de su tiempo de vida-- porque le pongan una pistola en la cabeza, sino porque no tiene más remedio que ganarse así la vida. Es el paralelo de la violencia política: se pacta porque no se tiene más remedio. Sólo que en esta ocasión, en el orden no público, sino privado, civil, la amnesia es inevitable, pues esa violencia es una violencia de clase heredada históricamente, institucionalizada, un estado social en que el trabajador ya ha sido condenado a vender su fuerza de trabajo. Ese estado social históricamente heredado ha devenido estado natural, se ha olvidado su naturaleza social y política, por lo que no se concibe como violencia, aunque su contenido –la apropiación del propio trabajo-- lo sea. De este modo, sólo (y en el mejor de los casos) son representadas como violencia las violencias derivadas: vigilancia, control, amenaza de despido, represión de una huelga... Esa violencia fundamental (la extracción de plusvalor) e incluso sus derivadas aparecen legitimadas porque son fruto de un contrato cuyas condiciones sociales son invisibles, porque consisten en algo tan abstracto, tan difícil de advertir, como las relaciones sociales (política e históricamente aseguradas) de un modo de producción, difícil abstracción que hace que dicha violencia se tome por un hecho natural y no de carácter social.

 

Un paralelo de ello, se observa en el antiguo contrato matrimonial, el cual era otro falso contrato propio del derecho privado, de la sociedad civil, como el contrato laboral. En él, el varón se apropiaba del cuerpo de una mujer para su uso sexual, del mismo modo que en el contrato de trabajo es apropiada la fuerza de trabajo del trabajador (lo que es indistinguible de su cuerpo) a fin de un uso particular del empleador en la lógica capitalista propia de éste: apropiarse de la productividad de parte de su tiempo de trabajo, que no remunera. Por supuesto el uso sexual de una mujer no atiende en nada a que ella esté dispuesta, ya consintió en su día y por eso no había violación en el matrimonio (aunque la hubiera) del mismo modo que hoy día no hay robo en la relación laboral (aunque lo haya), porque un robo “legal” una violación “legal” son un contrasentido para quien sostiene que la ley es expresión de la legitimidad, que es justa.

 

 ¿La pregunta es cómo es posible pactar una violencia sin vivirla como tal? Y la respuesta: cuando se ha sido originariamente derrotado frente a ella y esta derrota es tan consumada que ha sido institucionalizada, dicha consumación logra reificarla hasta hacer de ella un hecho natural, tan natural como la ley de la gravedad. El efecto de la insitucionalización es que no se tiene más remedio que “consentir” la violencia y parece que se asume ésta libremente, puesto que se “quiere”. Un parado querrá trabajar, ya que lo contrario es un suicidio social. Lo específicamente violento aquí, es lo que no se advierte, que el hecho de que no haya otra opción es una violencia en sí mismo.

 

En el caso de las mujeres se trata de una violencia originaria, el intercambio de mujeres, que no dejaba otra alternativa que ser usada sexualmente. Cuando se han abolido en gran medida la influencia de esta institución, cuando ha sido socialmente posible otra opción, cuando no se está obligada a pactar, el matrimonio deviene aproximadamente un verdadero contrato y la violación dentro de él una figura de delito. Esto es, cuando se ha reconocido que en la obligación del pacto no se trata más que de un estado social y reversible, cuando no hay invisibilidad o amnesia de esa violencia debido a la desinstitucionalización del intercambio de mujeres, también aparece el contrato matrimonial en cuanto que propiedad del cuerpo de una mujer, como violencia. Así, el viejo contrato matrimonial ha terminado por reconocerse como lo que es, como falso contrato, como violencia legal.

 

Lo ideológico en la ideología liberal, burguesa, no es que las relaciones contractuales sean aquellas que excluyan por su propia esencia la coerción y la violencia, ello es así innegablemente; por lo demás, toda ideología, para poder serlo, ha de contener momentos de verdad, si ha se capaz de efectos ideológicos, de generar una apariencia. Lo ideológico en el liberalismo es, por contra, que los contratos que el Estado de Derecho protege no son en su inmensa mayoría verdaderos contratos.

 

Y la razón la hallamos en los propios téoricos del contrato, los cuales enunciaron con claridad los requisitos bajo los cuales hay contrato, a saber: ser “sui iuris”, dueño de la propia persona, del propio cuerpo, y la reciprocidad (la misma medida) en él – lo cual no es sino el primer requisito en su concreción.

 

El fundamento de la propiedad de la propia persona es esencial al contractualismo pues sin el respeto a esa propiedad inalienable de la persona se justificaría, no una sociedad basada en relaciones contractuales, sino una sociedad fundada en relaciones de violencia. Cuando el contenido del contrato --lo que se contrata-- es el “uso” de la propia persona, del propio cuerpo, no sólo se anula la condición misma en que un contrato es un contrato (y se genera un falso contrato), sino que se reduce a cenizas el propio fundamento del contractualismo, que hace preferibles las relaciones contractuales a las no contractuales o coercitivas, es decir, la inalienabilidad de la propia persona. Llamar al “contrato” laboral y al viejo “contrato” matrimonial contrato, es un escándalo de la razón. El radical y grosero cinismo del contractualismo y de la sociedad burguesa (capitalista) es legitimar la desposesión de la propia persona, llamar a la violencia “contrato”, y con ello, “derecho”.

 

De este modo, la sociedad civil burguesa que presumió regularse por relaciones contractuales, sólo aparentemente no coercitivas, generó desde su nacimiento espejismos políticos de largo alcance, los cuales sobreviven junto con su fuente original: una sociedad de mercado. Y así, se llama soberanía popular y consenso a un falso pacto social en el orden político, y se llama contrato a un falso contrato laboral en el orden privado: y ambas ilusiones tienen como causa la invisibilidad de las relaciones sociales desiguales que fuerzan a consentirlos y ambas son reflejo una de la otra. No se derrotó al movimiento obrero, sino que se consintió libremente una constitución que protegió la propiedad privada porque el contrato laboral no es una violencia social sino algo que “se quiere” y “a lo que se tiene derecho”, derecho que la constitución protege, y el contrato laboral es algo que se quiere, un derecho que la constitución protege y no una violencia porque las constituciones de las democracias burguesas no son el fruto de una fuerza desigual y enfrentada que se perpetua en ellos, sino que son Estados de Derecho.


[1] El excepcionalismo previsto en la Constitución venezolana abarca los casos de “conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo”, “emergencia económica” y desastre natural de gran escala. Y la reforma autoriza a retirar una garantía en estado de excepción que la constitución no permitía suprimir, la libertad de información. La finalidad es defenderse del golpismo, ya padecido en toda su crudeza con el golpe de Estado de 2002. La deriva presidencialista, y en la medida en que la haya, no equivale a una dictadura, es el efecto de la lucha de clases y sigue limitada por la ley, a los casos establecidos por ella y a garantías constitucionales. El artículo 27 establece: “La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales”. Y en el artículo 232, al igual que en la constitución española se sujeta la actuación política de declaración de los estados de excepción al principio de responsabilidad y conformidad con la constitución y por tanto de imputabilidad jurídica:”La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y la ley”.

 

 
Otra agresión nazi más
escrito por Centro Cultural La Piluka   
Comunicado de la Asamblea del Centro Cultural La Piluka

 

La noche del viernes 21 de diciembre el Centro Cultural La Piluka, situado en el Barrio del Pilar (Madrid), sufrió un ataque premeditado por parte de un grupo ultraderechista. Unos 10 individuos, de apariencia discreta pero armados con palos, irrumpieron en el local agrediendo a las personas que se encontraban en el interior. Durante el ataque los asaltantes encendieron, al menos, tres bengalas tratando de provocar el mayor daño posible. Uno de ellos llegó a arrojar una bombona de butano contra un miembro del centro. Como resultado de la agresión, tres compañeros tuvieron que recibir asistencia médica y al poco tiempo pudieron ser dados de alta. El local ha sufrido diversos daños materiales.

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